Autor: RedDefensoras

Hoy, 12 de junio de 2024, en el Juzgado de Letras de La Ceiba, estaba programada la audiencia de proposición de pruebas para el caso de nuestra compañera Nolvia Obando. Sin embargo, esta fue suspendida ante la falta del debido proceso legal por parte de las autoridades del Ministerio Público.

La audiencia fue aperturada por el Tribunal sin dar por excusada la ausencia de la fiscal del Ministerio Público. Fue hasta que entraron los jueces que el alguacil de la sala entregó una supuesta nota con la  incapacidad médica a nombre de la fiscal del caso. Sin embargo, la defensa legal de nuestra compañera Nolvia no fue notificada con anticipación.  

Esto constituye una violación al debido proceso legal, puesto que se solicitaron los medios de prueba aún conociendo que la físcalía no se haría presente; situación que pone en desventaja y riesgo la defensa de nuestra compañera Nolvia Obando.

Además, es una falta al principio de unidad de actuaciones del Ministerio Público, puesto que ante la ausencia de fiscal debe haber un fiscal suplente. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos estas acciones que deslegitiman y alargan el proceso legal abierto injustamente en contra de nuestra compañera Nolvia Obando.

Sabemos que la suspensión de audiencias es un patrón común en los procesos de criminalización para alargar los procedimientos y aumentar la angustia y la situación de vulnerabilidad de las defensoras que se ven sometidas a injustas judicializaciones.

Ante este retraso injustificado en el proceso judicial contra Nolvia Obando, exigimos a la Corte Suprema de Justicia celeridad en la resolución del Recurso de Amparo, otorgando la medida cautelar donde se ordena la suspensión del acto reclamado por las múltiples violaciones de derechos humanos que hubo durante todo el proceso judicial.

Llamamos a organizaciones nacionales e internacionales a estar alertas de este proceso judicial. Nolvia Obando debe ser puesta en libertad total porque es inocente y siempre ha sido inocente.

En marzo de 2023, la defensa legal de nuestra compañera, Nolvia Obando, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Amparo por el juicio viciado al que fue sometida por la Corte de Primera de Apelaciones Segunda de la Ceiba, Atlántida. Este proceso sigue sin ser resuelto a pesar de que la formalización debió haberse hecho 72 horas después, según la Ley de Amparo.

Nolvia Albertina Obando, defensora y lideresa del Movimiento de Mujeres Campesinas Las Galileas, fue detenida, criminalizada y privada de libertad en marzo de 2023 por la injusta acusación del delito de usurpación de tierras, por lo cual fue llevada al Centro Penal del Porvenir en Atlántida, donde permaneció privada de su libertad por cinco meses.

Su detención surge luego de que, el 15 de marzo de 2023, más de 150 agentes policiales desalojaran de forma violenta a 60 familias, en su mayoría mujeres, organizadas en el Movimiento de Mujeres Campesinas “Las Galileas” en la aldea La Bomba, Jutiapa, Atlántida.

Actualmente, Nolvia continúa su proceso de injusta judicialización en libertad, luego de cumplir con medidas como el pago de una fianza de 50 mil lempiras, un monto arbitrario para tratarse de un caso de usurpación. Además, todo este proceso, ha estado viciado y con graves violaciones a los derechos de nuestra compañera. Por ejemplo, no hubo investigación previa, no fue detenida en el lugar supuestamente usurpado, sino que fue detenida de forma violenta en la casa de una compañera. Asimismo, fue víctima de insultos, estigmatización, humillaciones y amenazas por parte de agentes policiales y por la jueza que llevó su caso.

Por ello, la defensa legal de nuestra compañera Nolvia Obando interpuso ante la Corte Suprema de Justicia el Recurso de Amparo que reclama que la Corte de Apelaciones Segunda de La Ceiba, violó los derechos al debido proceso. Sin la resolución de este Recurso de Amparo, Nolvia se enfrentaría ante un injusto juicio oral y público en su contra. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras exigimos al Estado actuar con celeridad para terminar la injusta persecución judicial contra nuestra compañera y defensora Nolvia Albertina Obando Turcios. Continuar con este proceso judicial es perpetuar la violencia estatal contra quienes defienden derechos.

Condenamos las agresiones, persecución sistemática y la criminalización mediante el uso indebido del sistema penal para hostigar y criminalizar a las defensoras de la tierra, el territorio y la alimentación.

¡Nolvia Obando es inocente, siempre ha sido inocente!

¡Derecho a la tierra y la alimentación, no es usurpación!

Hoy, 05 de junio del 2024, desde las 6 a.m. miembros de la Policía Nacional haciendo uso de 5 camiones y 100 patrullas, se hicieron presentes en los predios de Agua Blanca Sur, Yoro, ejerciendo violencia contra las familias campesinas para ejecutar un desalojo, la demolición de sus pertenencias y destrucción de cultivos para la alimentación.

Defensoras y defensores, entre ellos menores de edad, del grupo campesino, fueron víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional, quienes por medio del abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza golpearon y rociaron gas pimienta durante el desalojo.

Estas acciones violentas fueron realizadas bajo una orden de desalojo emitida en noviembre de 2023, por el Juzgados de Letras de El Progreso, Yoro, favoreciendo los intereses de la Empresa Azucarera (AZUNOSA), quienes también movilizaron maquinaria para la ejecución del desalojo.

Las 150 familias campesinas agredidas durante el desalojo, están asociadas al Movimiento Campesino Sin Tierra de Yoro, quienes desde noviembre de 2023 son perseguidos judicialmente, habiendo hasta la fecha un aproximado de 30 defensoras y defensores criminalizados.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) denunciamos la grave situación que enfrentan las comunidades campesinas en el país, frente a la política de despojo, estigmatización, persecución judicial y precarización de la vida.

Exigimos al Estado que detenga los desalojos, criminalización y hostigamiento contra quienes luchan por el acceso a la tierra. Y hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos para dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores campesinos.

En 2021, defensoras y defensores de la comunidad garífuna Nueva Armenia de Jutiapa, Atlántida interpusieron una denuncia en contra de los empleados de la Fundación Cayos Cochinos, el biólogo Marcio Rafael Aronne, los guarda recursos Elías Aguilar y Luis Beltrán, por suponerlos responsables de provocar un incendio en el que se perdió 1.31 hectáreas de bosque en la Isla Cayo Menor.

Recientemente, el 20 de mayo, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía dictó un sobreseimiento provisional a favor de los imputados. Ante esto, la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural interpuso un recurso de apelación en contra de esta resolución. Asimismo, el Ministerio Público determinó que esta resolución presenta varias incongruencias puesto que da por sentado que existe un daño, pero “no es significativo por la cantidad de hectáreas que abarca en el lugar”.

El archipiélago Cayos Cochinos fue declarado área protegida con el nombre de Monumento Natural Marino del Archipiélago de Cayos Cochinos (MNMACC) y desde el 30 de julio de 2003 mediante Acuerdo Presidencial, es administrado por la Fundación Cayos Cochinos quien tiene la responsabilidad y obligación de proteger la flora y fauna de la zona.

Esta medida fue ejecutada sin consulta previa y le dio libertad al Estado para imponer vigilancia militar y restricciones a la pesca tradicional afectando la subsistencia de las comunidades garífunas. Por esta razón, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) presentó ante la Corte IDH una demanda contra el Estado hondureño por «violar el derecho a la libre determinación al no garantizar consulta previa, afectar la posesión pacífica de tierras y recursos, y no adoptar legislación conforme a estándares internacionales».

Las comunidades garífunas Nueva Armenia y Chachahuate han denunciado que la Fundación Cayos Cochinos a través de las Fuerzas Navales violenta los derechos ancestrales de las hijas e hijos de la comunidad, además de realizar actos de intimidación, campañas de desprestigio y amenazas contra las defensoras y defensores y realizar acciones que favorecen a las empresas turísticas y extractivas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos el manto de impunidad que cubre a la Fundación Cayos Cochinos.
Exigimos a las autoridades públicas garantizar la justicia, seguridad e integridad de las comunidades garífunas y sus territorios.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para que se sumen a la denuncia pública frente a la impunidad en la Isla Cayo Menor.

El 30 de mayo se denunció que en Triunfo de la Cruz, la municipalidad de Tela en alianza con terceros y empresarios, montaron un patronato paralelo en la comunidad. El 31 de mayo, en horas de la mañana, defensoras y defensores de la comunidad Travesía en Puerto Cortés, denunciaron que está ocurriendo lo mismo.

El 13 de mayo la comunidad Travesía desarrolló una asamblea en la que decidieron que el presidente del patronato continuara en su cargo, es decir, una reelección por dos años más. Para el 31 de mayo, estaba convocada una asamblea para presentar y ratificar a los y las integrantes de la junta directiva del patronato. Sin embargo, violentando la autonomía de las comunidades garífunas de elegir sus autoridades, la municipalidad de Puerto Cortés envió un carro parlante para anunciar que la asamblea se pospuso para el domingo 2 de junio, esto con el objetivo de tergiversar la información, manipular y confundir a la comunidad.

Según la denuncia de los y las defensoras de la Comunidad Travesía, hace 25 años ocurrió lo mismo; la municipalidad impuso un patronato que le dio la libertad al ex alcalde, Marlón Lara, para extender el casco urbano de la municipalidad, violentando el derecho de los pueblos indígenas a las tierras comunales y ancestrales. Ante esto, la comunidad garífuna Travesía presentó una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desde entonces se enfrentan a una violencia sistemática por parte de autoridades públicas y personas desconocidas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos preocupa que esta situación se esté repitiendo en las comunidades garífunas, y que sean persistentes las acciones que buscan excluir y deteriorar los liderazgos comunitarios.

Alertamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internaciones sobre la agudización del riesgo y actos violentos que están enfrentando las comunidades garífunas.

Denunciamos y exigimos un cese a la violencia en contra de los y las defensoras de los territorios y derechos ancestrales del pueblo garífuna.

El 28 de mayo de 2024, en horas de la tarde, un grupo de terceros en alianza con funcionarios públicos de la municipalidad de Tela y Arizona, empresarios de Inversiones Turísticas Rosa Negra, llegaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz con el objetivo de imponer un patronato paralelo con el que se busca favorecer intereses contrarios al bienestar de hijos e hijas de la comunidad.

Este grupo de personas, liderados por Tulio y Antonio Martínez, quienes fungían cargos en el anterior patronato, llegaron resguardados por miembros policiales y personas ajenas a la comunidad de los sectores del Boquete, Las Palmas y Kilómetro 7 y 17 y tomaron de forma violenta las instalaciones del Centro Comunal de Triunfo de la Cruz.

Con esta reunión pretenden imponer de forma ilegal, ilegítima y arbitraria decisiones con el objetivo de impedir el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando continuidad a la violencia sistemática a la que se enfrentan las y los defensores de la comunidad.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras alertamos sobre la agudización del riesgo y actos violentos contra defensoras y defensores del territorio de la comunidad de Triunfo de la Cruz.

Responsabilizamos al Estado de Honduras por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en la CIANSI y por ser parte de estos actos que favorecen a empresarios que sistemáticamente buscan despojar al pueblo garífuna de su territorio.

El pasado 15 y 26 de mayo del 2023, enfrentaron atentados en contra de la comunidad haciendo uso del fuego. Previo al desarrollo de estos incidentes, miembros de la comunidad captaron a dos hombres desconocidos que posteriormente fueron identificados como integrantes de la familia Norman.

La familia Norman, son actores que se han mantenido en constante ataque en contra de los ejercicios de defensa del territorio que sostienen las defensoras y defensores de la OFRANEH, reconocidos en primer lugar por intentar despojar a la comunidad garífuna de sus territorios ancestrales y cometer una serie de agresiones que van desde campañas de desprestigio en el ámbito televisivo, hasta ataques que atentan su integridad y seguridad física de las defensoras y defensores.

Punta Gorda es la primera comunidad garífuna en el país, en la cual se sostienen ejercicios de recuperación de tierras ancestrales como parte de su proyecto emancipatorio desde hace más de 200 años, por el reconocimiento a sus derechos como pueblo indígena.

Recordamos el desalojo efectuado el 9 de noviembre de 2022, en el que se puso en peligro la vida de miembras y miembros defensores de la comunidad y sus familias por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional y el proceso de criminalización y estigmatización que el Poder Judicial propició contra los mismos.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denuncia la sistemática persecución contra defensoras y defensores del pueblo garífuna en Wageira, Punta Gorda quienes ejercen su legítimo derecho a la tierra y el territorio.

Exigimos el cese a las amenazas y persecución contra el pueblo garífuna y hacemos un llamado a organismos nacionales e internacionales a estar alertas ante esta situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los territorios y derechos ancestrales del pueblo garífuna.

El sábado 18 de mayo de 2024, entre las 12:00 m y las 3:00 p.m., fueron vulneradas las instalaciones de Barracón Digital en la Esperanza, Intibucá.

Según la denuncia de las compañeras, forzaron las puertas principales de las oficinas y robaron todo el equipo tecnológico: cámaras fotográficas, computadoras, celulares, equipo de grabación, herramientas de trabajo utilizadas para el ejercicio de los derechos digitales en el territorio y para las organizaciones que brindan acompañamiento.

Al momento de interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigación, las defensoras se encontraron con serias deficiencias de atención, entre ellas la dilatación injustificada para dar seguimiento a la denuncia y la falta de personal para atender la misma.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos este ataque contra nuestras compañeras. Exigimos a la Policía Nacional y a las autoridades del Ministerio Público que se investigue y de captura inmediata de los implicados en este ataque.

Nos mantenemos alerta ante cualquier situación y hacemos un llamado a organizaciones de derechos humanos y feministas a estar pendientes de nuestras compañeras de Barracón Digital.